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Escribe: ALFREDO PALACIOS DONGO.-Almirante (r) Armada de Peru.
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Los trágicos sucesos ocurridos el pasado día 5 en la provincia de Bagua, Amazonas, con un saldo de 24 efectivos policiales y 9 pobladores muertos, 2 policías desaparecidos y muchos heridos aparece como la crónica de un anunciado desenlace fatal, ya que el gobierno no dio correcta lectura a las manifestaciones de rechazo en dicha región a la promulgación del DL 1090 de junio de 2008, ni a su radicalización a partir del 9 de abril con un paro indefinido.
Aunque los pueblos amazónicos se encuentran largamente olvidados y marginados y el Estado por su falta de presencia no ha sido capaz de canalizar sus demandas, surge un choque cultural que origina estos trágicos sucesos durante la implementación del TLC con EE UU, que aunque puede representar beneficios para la industria y comercio nacional, se confrontó con la cosmovisión de dichos pueblos en su férrea defensa de la tierra amazónica.
La implementación del TLC comienza en diciembre de 2007 con las facultades cedidas por el Congreso al Ejecutivo para que reglamente, entre otros, el tema forestal, a pesar de que requería un profundo debate por incluir delicados asuntos relacionados a derechos amazónicos. Así, el Ejecutivo promulgó entre mayo y junio de 2008 cuatro decretos legislativos –DL 1015, 1073, 1064 y 1090– que normaban procedimientos para gravar, arrendar o vender tierras comunales, su utilización para uso agrario así como la regulación, supervisión del manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales.
Las preocupaciones en la región eran que el conjunto de leyes autorizaban el cambio de áreas forestales a agrícolas por razones de interés nacional, lo cual puede definir diferentes interpretaciones y afectar los derechos de los pueblos originarios, y asimismo por la creciente explotación petrolera en la selva. Una investigación publicada el 13 de agosto de 2008 en la revista científica Plos One precisa que entre los años 2005 al 2008 las actividades petroleras en el Perú aumentaron de manera preocupante y 64 campos petroleros (20 en zonas protegidas) afectan el 72% de territorio selvático en 49 millones de hectáreas.
Entre los motivos que provocaron el fatal desenlace en la Amazonía resaltan la falta de información, comunicación y consulta del gobierno a dichos pueblos sobre los alcances de las leyes tal como lo demanda el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), además de los mensajes distorsionados sobre dichas leyes de algunos políticos y dirigentes nativos con el fin de obtener réditos políticos o beneficios particulares.
Cabe destacar la acción de los valerosos policías que ofrendaron su vida en estos trágicos sucesos, quienes tenían un exiguo sueldo mensual promedio de S/. 800 (US$ 270) y sus deudos recibirán un ínfimo seguro de vida de S/. 20,250 (US$ 6,800). Además, el manejo institucional de inteligencia fue deficiente al no intervenirse anticipadamente, lo que pudo evitar esta tragedia.
El día 10 el pleno del Congreso suspendió indefinidamente los DL 1064 y 1090 restituyendo la ley 27308 del año 2000. Se ha constituido un Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos y además la Iglesia y la Defensoría del Pueblo elaborarán una nueva propuesta de diálogo.
Esperamos que en esta nueva etapa, además de prevalecer la ley y el orden democrático, se recupere la calma, se evite la violencia y se encuentre el camino para solucionar los problemas de fondo de los pueblos de la Amazonía.
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