De jueces y de justicia.


La reciente dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial, CGPJ,   y Tribunal Supremo, Dº Carlos Divar ha dejado al descubierto la impudicia con la que se utilizan los dineros públicos por parte de los servidores del Estado; ello se realiza sin control alguno amparados en leyes y reglamentos que ellos mismos promulgan creyendo, como creen, que son una casta especial que a todo tiene derecho cual señores medievales; y en efecto, parece demostrado que tienen el derecho (¿también de pernada?), que no la LEY  .

En el artículo que sigue, la periodista Victoria Prego, que une a sus dotes  de incisiva escritora su conocimiento directo del mundillo judicial al que dedica frecuentes artículos, entra a fondo en un análisis crítico de los escandalosos gastos que, al parecer, son habituales en los magistrados del mencionado CGPJ, y no solamente de este organismo, sino de otros altos tribunales del Estado tan impúdicos como el hoy día tristemente de actualidad, Tribunal Constitucional (que algunos llaman “prostitucional”).

El juego de las diferencias

Van a tener muy serias dificultades algunos de los miembros del Consejo General del Poder Judicial para demostrar que sus gastos se ajustan al principio de estética y moralidad que le ha sido exigido a su ya ex presidente, Carlos Dívar, y que fue utilizado como palanca para forzar su dimisión. Y no solamente porque resulte absolutamente escandalosa la cifra que el viernes pasado dio a bulto el secretario del Consejo sobre lo que habían costado los viajes de los vocales en el año 2011, sino por varias razones más.

De entrada, que 21 señores se hayan gastado 470.000 euros en desplazamientos nacionales en sólo 11 meses del año 2011 -agosto es inhábil para ellos- es impresionante.Y no digamos nada si a eso le sumamos los viajes internacionales y el coste de los servicios de seguridad. Porque entonces el total del gasto realizado supera de largo el millón de euros.

Ninguno de estos 21 vocales, con las excepciones que haya que establecer una vez tengamos la información precisa, ignoraba que en 2011 el país estaba sumergido en la crisis, que el dinero público escaseaba dramáticamente y que el paro arrasaba la vida de los españoles. Pero ahí está esa millonada del erario que no tuvieron reparo en gastar.

Ahora el Consejo tendrá que detallar al céntimo adónde han ido esos cientos de miles de euros y con qué fin. Quedamos también a la espera de que presenten todas las cuentas desde 2008 hasta hoy porque, de momento, las desconocemos. Pero, a tenor de lo visto, es seguro que nos vamos a encontrar con una cifra estratosférica. Y algo más, que puede resultar especialmente grave: el CGPJ está obligado a precisar cuántos y quiénes de sus vocales que tienen su residencia habitual fuera de Madrid han viajado a sus residencias privadas los fines de semana y si esos viajes se han pagado con el dinero del Consejo.

Si existe una actividad privada, privadísima, ésa es la de regresar al hogar donde reside la familia de uno/a. Esa excursión semanal de ida y vuelta, repetida cada viernes y cada lunes, mes tras mes, sale por un dineral.

Y si resulta que alguno, o algunos, de los consejeros han echado mano del dinero público para dedicarlo de forma continuada a pagar esa actividad privada, tendrán que presentar automáticamente su dimisión después de las obligadas explicaciones.

Y ahora les propongo participar en el Juego de las Diferencias, ése que se publica en algunas revistas de entretenimiento. Porque de las diferencias detectadas en lo que sigue puede desprenderse una grave sospecha.

– Tribunal Constitucional: sus magistrados tienen un sueldo muy superior a los del TS.

Cada uno de los magistrados del TC cuentan con el apoyo de dos letrados personales más los servicios del Gabinete de Letrados, compuesto por más de 50 profesionales.

Los letrados del Constitucional cobran casi el doble que los letrados del Supremo, pese a que los primeros, elegidos a dedo, no tienen que tener la categoría de funcionarios.

Ni los magistrados ni los letrados del TC tienen limitación alguna en el material, ya sea mobiliario, informático o de otro tipo, que reclamen para su actividad

– Tribunal Supremo: sus magistrados tienen un sueldo claramente inferior a los TC.

Los letrados de este tribunal cobran cerca de la mitad que los del TC y para ocupar la plaza tienen que aprobar una oposición.

A los magistrados de este tribunal se les han limitado incluso los bolígrafos y las tarjetas de visita y se les suministra material de fotocopiadora desechado por la Guardia Civil, según testimonio de uno de ellos.

– Tribunal de Cuentas: cada uno de sus 11 miembros dispone de 6.000 euros al año en concepto de gastos de representación y protocolo, cantidad que se suma a un sueldo mensual que oscila entre los 5.500 y los 6.200 euros netos por 14 pagas. El Tribunal de Cuentas sufraga, además, los viajes de fin de semana a sus residencias privadas fuera de Madrid a algunos consejeros. Facturas que llegan a alcanzar los 2.500 euros al mes.

– Tribunal Supremo: sus miembros no tienen asignado gasto alguno por el concepto de representación y protocolo. Y el magistrado que no sea de Madrid y quiera ir a ver a su familia se paga todos los viajes de su bolsillo.

– CGPJ, Tribunal de Cuentas y Tribunal Constitucional: todos los miembros de estos órganos constitucionales disponen del servicio de un coche oficial con chófer las 24 horas del día. Sábados y domingos también. Se parte del hecho de que todos ellos, incluidos algunos octogenarios miembros del Tribunal de Cuentas, están en el ejercicio de su cargo en todos los momentos de su vida.

– Tribunal Supremo: los magistrados de todas las salas tienen un servicio de coche oficial para llevarlos por las mañanas al Supremo y devolverlos a su casa hasta las dos y media. A partir de esa hora pasan a ser ciudadanos de a pie y se mueven por sus medios.

– Tribunal de Cuentas: la Constitución le encomienda fiscalizar todas las cuentas públicas, incluidas las de los partidos. Sus miembros deben renovarse cada nueve años por acuerdo de PP y PSOE. Pero alguno, como Ubaldo Nieto (81 años), propuesto por el PP, lleva 30. Ciriaco de Vicente (76 años, PSOE) lleva 21. Juan Velarde (85, PP) lleva 20.

Conclusión: los órganos cuya composición depende de los partidos gozan de unos privilegios de los que carecen los miembros del único poder cuya independencia efectiva garantiza la pervivencia del Estado de Derecho. Y el poder político mima a sus criaturas a cambio de poderlas controlar, contaminando gravemente así su cometido.

victoria.prego@elmundo.es

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